El paso de las horas hace que la indignación en el entorno del Espanyol se acreciente ante el escándalo generado al conocerse que el VAR omitió imágenes que podrían haber sido claves para determinar el gol fantasma del Atlético de Madrid que subió al marcador frente al conjunto perico (3-3) en la jornada 36 de la temporada pasada, que terminó con el descenso de los blanquiazules a Segunda División. Así lo concluyeron dos juzgados de Madrid, que han señalado que los responsables del VAR no mostraron imágenes que podrían haber ayudado a esclarecer acciones polémicas, como el gol en cuestión. El Espanyol se hubiera llevado los tres puntos de no ser por la negligencia del VAR, y si le añadimos que en la jornada 37 también se vio perjudicado en su choque contra el Valencia perdiendo otros dos puntos, el equipo blanquiazul se habría salvado con tres puntos de diferencia. Según un estudio de ‘Archivo VAR’, in los errores cometidos por el videoarbitraje en la pasada campaña, los tres equipos descendidos a segunda división hubiesen sido el Elche, el Real Valladolid y la UD Almería, siendo el cuadro indálico el que se benefició de la injusticia que padeció el Espanyol.
Rousaud percibe una cuota fija por parte del Espanyol de 200.000 euros, y además el club tiene un abogado en plantilla
Cabe decir que al malestar por esta situación, que podría constituir incluso un hecho delictivo, se suma la falta de respuesta de la entidad perica, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre el particular y tan solo ha trasladado que ha dejado el tema en manos de sus servicios jurídicos para determinar si hay alguna posibilidad de éxito. Una de las excusas que se está oyendo estas horas para no ejercitar acciones judiciales es el hecho de que requiere gastar dinero; en este sentido, como se ha explicado este viernes en ‘La Grada Ràdio’, Adolf Rousaud, que fue en su día vicepresidente del club y regenta el despacho de abogados que lleva los asuntos de la entidad, percibe una iguala (en términos jurídicos, una cuota fija) de más de 200.000 euros que permite que el Espanyol esté cubierto en todos los temas legales; además, el Espanyol tiene un abogado en plantilla, Álvaro Gómez de la Vega, especialista en derecho deportivo, que podría realizar perfectamente la demanda.
