El caso Negreira suma ahora un nuevo frente, esta vez en la vía ética y deportiva. El abogado perico Juan Luis Martín de Pozuelo ha presentado una denuncia ante el Comité de Ética del Departamento de Integridad y Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol en la que apunta directamente al FC Barcelona como persona jurídica y también a varios de sus expresidentes y directivos por “presuntas INFRACCIONES MUY GRAVES CONTRA LA INTEGRIDAD, EL BUEN GOBIERNO Y LA ÉTICA DEPORTIVA”. El escrito, fechado el 1 de abril de 2026, no se queda ahí, porque el propio denunciante deja claro que también dará traslado de la documentación a UEFA y FIFA, con la idea de que el asunto no quede encerrado solo en el marco federativo español.
Una denuncia que apunta al Barça y a varios de sus expresidentes
La denuncia presentada por Martín de Pozuelo identifica como denunciados al FC Barcelona y a nombres como Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta y Joan Gaspart, entre otros directivos responsables de los pagos realizados a José María Enríquez Negreira y a su entramado mercantil. El eje del escrito es claro desde el principio: sostiene que no se trata ya de simples sospechas o de una discusión mediática eterna, sino de hechos que, a juicio del abogado, han quedado reforzados por el material acumulado en sede judicial. En su escrito subraya que las conductas denunciadas “han dejado de ser meras sospechas, conjeturas o informaciones periodísticas, para convertirse en hechos fácticos sostenidos por pruebas rotundas y contrastadas en sede judicial”.

El núcleo del escrito: pagos, sociedades y finalidad presuntamente corruptora
El documento insiste en que el llamado caso Negreira gira alrededor de la transferencia continuada de fondos del FC Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira durante la etapa en la que éste ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. En ese punto, la denuncia recoge una cifra muy concreta y muy potente a nivel argumental, al señalar que existe “prueba objetiva e indubitada” de pagos por un total declarado de 8.388.476,90 euros entre 2001 y 2018, con al menos 7.376.916,90 euros destinados, según el escrito, a sociedades controladas por la familia de Enríquez Negreira. A partir de ahí, la denuncia describe un supuesto sistema de pagos directos e indirectos, con mercantiles interpuestas y comisiones retenidas por sociedades pantalla, en un relato que intenta sostener que existió un diseño para ocultar el destino real de los fondos.
La tesis de los informes, en el centro de la ofensiva
Uno de los puntos más duros del texto de Martín de Pozuelo va contra la explicación mantenida por el FC Barcelona en torno a los informes arbitrales. La denuncia considera que esa defensa ha quedado muy debilitada y cita declaraciones judiciales y testimonios recogidos en la causa penal para sostener que esos trabajos no justifican los pagos investigados. El escrito incluso recoge una de las frases más delicadas de todo el documento, al afirmar que “la pretendida coartada institucional del FC Barcelona” sobre esos informes se demuestra, según el denunciante, como “una coartada de ficción plenamente falsa”. Es un lenguaje fortísimo, muy directo, y marca bastante bien el tono general de la denuncia: aquí no hay medias tintas ni voluntad de rebajar el golpe argumental.
Laporta, también en el foco de la denuncia
La denuncia no mira solo al pasado remoto ni a mandatos anteriores. También dedica un bloque específico a Joan Laporta, al que sitúa en el centro de una supuesta conducta antiética continuada. Martín de Pozuelo sostiene que el actual presidente del Barça habría elaborado una versión exculpatoria que, según su tesis, no se sostiene con lo que ya ha aparecido en sede judicial. El escrito recuerda que Laporta defendió públicamente que el prestador principal de los servicios era Javier Enríquez Romero y que los pagos respondían a informes técnicos, una versión que el denunciante considera desmontada por las propias declaraciones incorporadas al procedimiento. En ese punto, la denuncia le atribuye una vulneración del deber de actuar con “absoluta credibilidad e integridad”.

El auto judicial de 2023 y el concepto de “fraude de ley”
Otro de los soportes jurídicos y narrativos de la denuncia está en el auto de 9 de octubre de 2023 del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, al que el abogado da mucho peso. Según el texto, ese auto ya consideró “contrario a toda ética” que Laporta intentara personar al FC Barcelona como acusación particular por administración desleal contra presidentes posteriores, recordando que él también realizó pagos a Negreira en su primera etapa. La denuncia añade que el magistrado calificó esa maniobra como “fraude de ley” y “manifiesto abuso de derecho”, una referencia que Martín de Pozuelo incorpora como una pieza central para reforzar la dimensión ética de su escrito ante la RFEF.
La RFEF, ante una contradicción incómoda
Uno de los argumentos más repetidos en la denuncia tiene que ver con el papel de la propia Federación. El abogado remarca que la RFEF está personada como acusación particular en las diligencias previas del caso Negreira y que la Audiencia Provincial de Barcelona le reconoció legitimación al considerar que el bien jurídico afectado era “el juego limpio en la práctica del deporte”. A partir de ahí, lanza una idea muy clara: si la Federación se considera perjudicada en la vía penal, no puede quedarse quieta en su propia vía ética. El escrito llega a hablar de “flagrante contradicción institucional” si la RFEF persigue estos hechos en los tribunales ordinarios y al mismo tiempo mantiene inactiva su jurisdicción doméstica ética.
La sombra de UEFA, FIFA y el Mundial 2030
Martín de Pozuelo no limita su ofensiva al ámbito español. De forma expresa comunica que dará traslado de la denuncia y del material probatorio a UEFA y FIFA, y lo presenta como una cuestión que afecta a la reputación del fútbol español ante los organismos internacionales. El texto va incluso más allá y conecta el caso con la candidatura y organización del Mundial 2030, advirtiendo del desgaste que supondría para la imagen del fútbol español una falta de reacción ética firme. En uno de los pasajes más duros del escrito, se afirma que dejar impune este asunto en el terreno federativo transmitiría un mensaje de tolerancia hacia prácticas corruptas y supondría “un daño irreparable a la Marca España” en vísperas de esa gran cita mundialista.
Qué pide exactamente el abogado perico
La solicitud final de la denuncia no deja demasiado margen a la interpretación. Martín de Pozuelo reclama que se admita el escrito, que se incoe el correspondiente expediente ético, que se aplique subsidiariamente el Código de Ética de la FIFA y que se propongan las máximas sanciones contra personas físicas y jurídicas denunciadas. También solicita de forma expresa que todo el expediente y su acervo probatorio se eleven a los órganos competentes de la propia RFEF, de UEFA y de FIFA para la eventual imposición y ejecución de medidas disciplinarias. O sea, no pide solo que se estudie el asunto, pide que se active toda la maquinaria posible.
Un movimiento con fuerte carga simbólica en pleno caso Negreira
Más allá del recorrido que pueda tener esta denuncia, el movimiento tiene una carga simbólica evidente, y más viniendo de un abogado perico en un asunto que en el entorno del espanyolismo siempre se ha seguido con una mezcla de indignación, hartazgo y sensación de que aquí todavía quedan muchas cosas por aclarar. No estamos ante una simple queja, sino ante un intento de empujar el caso hacia el terreno ético, federativo e internacional con un escrito larguísimo, muy agresivo en el plano argumental y repleto de referencias a informes policiales, resoluciones judiciales, declaraciones testificales y normas de la RFEF, FIFA y UEFA. Ahora la pelota queda en el tejado de los organismos a los que se dirige la denuncia. Y ahí ya no habrá excusa para decir que nadie llamó a la puerta.







